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¿Quien vigila las aerolíneas en colombia?

Respuesta directa

En Colombia, la autoridad que vigila a las aerolíneas es la Aeronáutica Civil (Aerocivil), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil adscrita al Ministerio de Transporte. Se encarga de otorgar y revisar licencias de operación, supervisar la seguridad operacional y regular tarifas y derechos de los pasajeros en el transporte aéreo del país.

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Una entidad con funciones muy amplias

La Aeronáutica Civil de Colombia, conocida como Aerocivil, es una unidad administrativa especial con autonomía técnica adscrita al Ministerio de Transporte. Combina funciones que en otros países se reparten entre varias agencias: certifica a las aerolíneas y a su personal técnico, supervisa el mantenimiento de las aeronaves, presta los servicios de navegación aérea en el espacio aéreo colombiano y administra buena parte de los aeropuertos del país, incluidos los principales, como El Dorado en Bogotá.

Seguridad operacional y derechos de los pasajeros

Además de la vigilancia técnica, Aerocivil regula aspectos comerciales del transporte aéreo a través del Reglamento Aeronáutico Colombiano: condiciones de venta de los billetes, sobreventa, compensaciones por cancelaciones o retrasos y publicidad de las aerolíneas, funciones que en otros países recaen en organismos de defensa del consumidor. La entidad responde también ante la OACI, el organismo de Naciones Unidas con sede en Montreal cuyos estándares de seguridad debe aplicar Colombia.

La categoría de seguridad aérea internacional

Para Aerocivil pesa especialmente la calificación que la FAA estadounidense otorga a las autoridades aeronáuticas extranjeras dentro de su programa IASA: mantener la Categoría 1 acredita que la supervisión nacional cumple los estándares de la OACI y permite a las aerolíneas del país volar a Estados Unidos y ampliar allí sus rutas. Un descenso a Categoría 2 congela las nuevas rutas y limita los acuerdos de código compartido, como han comprobado varios países de la región, así que sostener ese nivel de exigencia absorbe una parte importante del esfuerzo regulatorio colombiano.

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